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Impuestos y transporte pesado

05 de julio de 2016 –
Fuente: Página Siete

Uno de los sectores afectados por el objetivo del Gobierno de incrementar recaudaciones es el transporte pesado. No es el único: las acciones de Impuestos Nacionales se descargan ante todos los sectores, como bien admitió el senador del MAS René Joaquino, quien anunció que presentará una ley de Defensa del Contribuyente ante los “abusos” de esa institución.

El transporte pesado ha organizado una serie de manifestaciones y bloqueos de carreteras en contra del trato abusivo que supuestamente le da la entidad y ha exigido que el nuevo código tributario, actualmente en debate en el Legislativo, introduzca cambios. La queja de los transportistas es que se le impide la “universalización” del uso de facturas para descargarse el crédito fiscal. Además, este sector busca que se reduzca el período de prescripción de deudas tributarias, que se recalcule el monto de las multas por incumplimiento de deberes formales y que se elimine la norma que establece que los transportistas sólo pueden descargarse el 70% del gasto en gasolina.

Una reciente resolución de Impuestos Internos ha determinado modificar el punto de la universalización del uso de facturas para este sector, estableciendo los ítems en los que éstas serán tomadas en cuenta. Es una buena decisión, aunque quedan todavía varios puntos para la reflexión.

Un análisis de la Fundación Milenio señala que la política tributaria demuestra “el afán del Gobierno por incrementar a como dé lugar la recaudación tributaria”, pues con la baja de los precios de los minerales y del gas, se han reducido los ingresos estatales. Por ello, el fisco demanda más aún a los contribuyentes. Como la actividad económica no puede detenerse, el Gobierno requiere recursos para concretar las obras anunciadas; el modelo económico no ha podido encontrar otras vías que la de demandar más recursos a quienes pagan impuestos que, como sabemos, es un universo todavía muy reducido.

Según Milenio, la recaudación fiscal proviene cada vez menos del crecimiento de la actividad económica y mayormente de cobros punitivos y multas sobre un sector no muy amplio de ciudadanos.

Todos somos conscientes de la necesidad de tributar, y sabemos que es el pago de impuestos nacionales y locales el que posibilita muchas inversiones públicas indispensables -como la salud y la educación-, pero es evidente que el país no ha evolucionado como se espera en ampliar la cantidad de contribuyentes que siguen ajenos o exentos de estas obligaciones -como los contrabandistas y cientos de miles de gremialistas poderosos-, tampoco en hacer más democrática la aplicación de sanciones casi inquisitorias.

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