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Coy 319 – Los decretos de 1 de mayo: Más allá de la dinamita

De un tiempo acá se ha hecho habitual que todos los 1 de mayo, se anuncie un paquete de decretos, que el discurso oficial suele presentar como “regalo” a los trabajadores. De los decretos anunciados este año, dos tienen que ver con el incremento salarial anual y otros tantos con autorizaciones previas para la importación de alimentos. Tampoco ha faltado un decreto relativo a los feriados, y aún uno otro -completamente insólito- referido al uso de dinamita en las marchas de trabajadores, sin duda el más comentado de todos.

Incremento salarial

El Decreto Nº 2748 determina un incremento de 9 por ciento en el salario mínimo nacional, con lo cual su monto asciende a 1.805 bolivianos, en tanto que el incremento al salario básico ha sido fijado en 6 por ciento para el sector público. En el sector privado, este mismo 6 por ciento es la referencia base para las negociaciones entre empleadores y trabajadores. De este modo, se mantiene la política salarial de un rápido y sostenido crecimiento de los salarios, por encima incluso de la tasa de inflación anual, e independientemente de la productividad laboral en las empresas. De acuerdo a los datos del INE, la tasa de inflación en 2015 fue de 2,95 por ciento.

En los últimos siete años, el salario mínimo aumentó en 2,7 veces, lo que representa un crecimiento acelerado sin precedentes en períodos de baja inflación (ver gráfico 1).

Evolución del salario mínimo nacional, 2010 - 2016

Impacto salarial en los costos laborales

El incremento salarial no se reduce al porcentaje nominal de 6 por ciento, puesto que a este porcentaje se debe agregar el importe del doble aguinaldo (8,33 por ciento), y con lo cual el empleador debe tomar previsiones de 14,33 por ciento. Recuérdese, asimismo, que el salario mínimo nacional no solo es la cantidad mínima que debe percibir un asalariado; también es una medida de referencia para indexar algunos otros beneficios sociales, tales como el del bono de antigüedad y los subsidios a la maternidad. Cuánto más antiguo un trabajador tanto más alto su bono de antigüedad.

El bono de antigüedad se calcula sobre la base de tres salarios mínimos, y conforme a una escala de tiempo, aprobada en su día mediante el Decreto 21060. De esta suerte, cuanto más tiempo permanece el trabajador vinculado a una empresa, tanto más se convertirá en un trabajador proporcionalmente más caro (ver cuadro 1).

Escala y monto del bono de antiguedad

El vertiginoso crecimiento del salario mínimo, sin la contrapartida de aumentos correlativos en la productividad, ha desencadenado el alza constante de los costos de producción. Como resultado, la salud financiera de las empresas resiente un fuerte impacto negativo. Por si fuera poco, ya se anticipa que este año 2016 volverá a pagarse el doble aguinaldo.

Naturalmente, las más golpeadas son las empresas medianas y pequeñas, que difícilmente pueden soportar el continuado aumento del costo laboral. Pero los decretos salariales son indiferentes a la realidad diferenciada de las empresas (da lo mismo que tengan menos de cinco trabajadores o que empleen más de cien), lo mismo que a la situación concreta de los sectores económicos (se asume que todos están bendecidos por una bonanza). No sorprende, entonces, que más y más empresas busquen refugiarse en la informalidad, como una forma de eludir los crecientes costos laborales, y quizá también como único recurso de sobrevivencia.

El fantasma de la desocupación

El efecto perverso de incrementos desmedidos en la planilla de sueldos y salarios, y por encima de la capacidad económica de las empresas, es la reducción del empleo formal y protegido por la ley. El desfase entre los costos laborales en constante alza y los precios en el mercado que se mueven a menor ritmo conlleva, inevitablemente, ajustes en la contratación de personal. Las empresas no escapan al rigor de esta ley económica. De poco sirve que haya normas prohibiendo el despido de personal. Tan cierto es esto que ni siquiera el mismo gobierno ha podido evitar despedir cientos de trabajadores de la quebrada estatal ENATEX.

Por el lado de las empresas, la prohibición de despidos empuja a los empleadores a forzar la figura de la renuncia. Para complicar las cosas, el Decreto 28699 determina que “cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”; decreto éste ratificado por resolución de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Auto Supremo 040, de 10/04/2014). Con ello, el empleador no solo pierde capacidad de gestionar los recursos humanos de su empresa, tampoco puede tomar medidas para optimizar los costos de producción. Y son cada vez más los dependientes que pierden sus puestos de trabajo, al tiempo que crece la informalidad y se precariza el empleo.

¿Freno a la importación de alimentos y bebidas?

Los decretos 2751 y 2752, establecen “Autorizaciones Previas”, en reemplazo del “permiso de importación”, para la internación al mercado nacional de un conjunto de alimentos y bebidas. Corresponde al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), lo mismo que al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, otorgar dichas autorizaciones previas. El objetivo de estas disposiciones es reforzar el control administrativo sobre la importación de alimentos y bebidas.

No obstante, y más allá de acrecentar los procedimientos burocráticos en los trámites de importación, es dudoso que los mismos consigan frenar la internación de productos extranjeros, y menos aún el contrabando. De hecho, el crecimiento acelerado de los alimentos importados es una tendencia consistente y hasta ahora indetenible. En 2014, la importación de alimentos alcanzo la suma de casi US$ 700 millones (ver gráfico 2).

Importación de alimentos, 2010 - 2014

El IBCE estima que un 93 por ciento de incremento en la importación de alimentos, puede atribuirse al efecto de la devaluación en Brasil y Argentina. Por su parte, las importaciones de bebidas alcohólicas fueron de 200 mil toneladas, con un valor de US$ 260 millones; cuatro veces más que el valor registrado a principios de la década. Incluso las importaciones de cerveza aumentaron 28 veces más, de forma tal que de representar, en 2006, apenas el 4 por ciento del total importado, en 2015 pasaron a representar el 25 por ciento.

Todo ello permite entender por qué la balanza comercial del país ha registrado, en 2015, el primer déficit comercial de los últimos 11 años. Esto ocurre, además, cuando el valor de las exportaciones desciende abruptamente por el derrumbe de los precios del gas y los minerales.

Dado que las importaciones de alimentos y bebidas tiene mucho que ver con los términos de intercambio comercial, y sobre todo con la apreciación de la moneda boliviana, que favorece el abaratamiento de productos extranjeros, ¿qué resultado se puede lograr con más controles burocráticos y políticos, que no sea alargar y retardar los trámites de importación? ¿No será más bien una forma de estimular el contrabando y la corrupción funcionaria?

Propuestas

Son cada vez menos los empresarios dedicados a la producción, sobre todo industrial. Los más prefieren el comercio de importación, a menudo más rentable y menos demandante de empleados. De ahí también la prematura terciarización de la economía nacional. Para revertir esta anomalía es necesario construir una visión productiva y políticas de apoyo a la industria, al sector agropecuario y a las exportaciones con valor agregado, además de una política salarial basada en la productividad y en las posibilidades reales de las empresas. Una forma eficaz de combatir el contrabando es devolverle competitividad a la industria nacional. Mientras que el consumo interno no sea cubierto con productos locales de menor precio y calidad, ningún decreto podrá evitar el ingreso de productos extranjeros.

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