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Coy 293 – Microfinanzas, víctimas de las políticas públicas

Durante casi treinta años, Bolivia desarrolló un exitoso modelo de inclusión financiera, gracias al trabajo de un grupo de ONGs, que con ingenio y ausencia de regulación, pudieron desarrollar, a través de múltiples pruebas de acierto-error, un sistema capaz de satisfacer la cada vez más diversificada demanda de su población meta, rompiendo la perversa dependencia usuraria del microempresario y el pequeño productor.

Luego de casi diez años de crecimiento, fue el mismo sistema microfinanciero que entendió la necesidad de “formalizarse” y regularse, impulsando para ello la aprobación del DS 24000, que permitió la creación de los Fondos Financieros Privados (FFPs). Mientras un grupo de ONGs financieras optó por convertirse en FFPs —aliándose exitosamente con capital privado y también multilateral—, otras se mantuvieron como IFDs (Instituciones Financieras de Desarrollo), aunque acogiéndose a un saludable modelo de autorregulación, promovido por su entidad matriz, FINRURAL.

A partir de este nuevo escenario, el sistema no solamente alcanzó su madurez, sino que introdujo cada vez más innovaciones en la oferta de servicios financieros y logró tales indicadores de eficiencia y de cobertura urbana y rural, que convirtió a esta industria en referente mundial. Decididos a consolidar esos éxitos y hacer crecer la oferta y demanda microfinanciera, el gobierno central, la cooperación internacional y los organismos internacionales de financiamiento, sumaron sus aportes. El gobierno, con una regulación a medida del mercado y fomentando el microahorro; la cooperación, con fortalecimiento patrimonial y capacitación; y las entidades de financiamiento, con recursos de apalancamiento y en condiciones adecuadas al tamaño y operaciones de FFPs e IFDs. Otro éxito del sistema fue el incursionar en los servicios auxiliares a los financieros, logrando así una oferta integral, adecuada a una demanda muy necesitada de esos servicios, sobre todo en áreas periurbanas y rurales.

Aprovechando las ventajas del libre mercado y las exigencias de una dura pero sana competencia, las entidades microfinancieras mostraban hasta hace poco índices saludables de crecimiento en todos sus indicadores, con mora baja y tasas activas y pasivas adecuadas a las capacidades de su población meta. Sin embargo, este sistema, que incluso exportó con éxito productos y recursos humanos a otros países de Latinoamérica y del África, ha sufrido un brusco frenazo, que pone en riesgo su existencia en el mediano plazo.

Con la aprobación de la Ley de Servicios Financieros en agosto de 2013, el gobierno pretendió introducir prácticas e incentivos que estimulen la intermediación financiera. Empero, esa decisión quedó neutralizada por el carácter intervencionista de la Ley y los decretos y normas complementarias. Al haberse establecido la fijación por decreto de tasas activas y pasivas, se está condenando a las IFDs al achicamiento y la descapitalización. Asimismo, la normativa definida para la adecuación de las IFDs al nuevo marco regulatorio, hace prácticamente inviable su existencia, al no ser atractiva para los potenciales inversionistas y no ser capaz de fondear sus operaciones a costos adecuados para su sostenimiento. Tanto es así que, al momento, ya han desaparecido tres entidades afiliadas a FINRURAL y más de una corre el riesgo de seguir el mismo camino antes de fin de año.

Entonces, el resultado de las políticas gubernamentales para el sector microfinanciero es justamente el contario al esperado. En vez mejorar y diversificar la oferta de créditos productivos y llegar con más y mejor cobertura a poblaciones pequeñas y alejadas de los centros urbanos del país, las IFDs —únicas capaces de crecer en esos mercados, por experiencia y tecnologías probadas—están reduciendo operaciones y perdiendo a sus mejores clientes, aquellos que “educaron” y fidelizaron durante muchos años de duro e ingenioso aprendizaje. Hoy, sufren de falta de capital propio y fondeo para expandirse y crecer con sus clientes; para peor, sus clientes están siendo “robados” por la banca tradicional, atraídos por tasas de interés más bajas y plazos más largos, riesgos que esas entidades pueden correr, gracias a sus bajos costos de apalancamiento y a que su cartera en microcréditos, atractiva por su alta rentabilidad, es un porcentaje muy bajo de su cartera total.

Como prueba de dicho aserto, vemos que con 472,114 prestatarios, las IFDs alcanzaron su pico de clientes en diciembre de 2013, poco después de promulgada la Ley de Servicios Financieros. En junio de este año, ese número cayó a 436,670; o sea, a casi dos años y medio después de la vigencia de la nueva normativa, las IFDs han perdido un 7.5 por ciento de clientes de crédito, poniendo en entredicho una de las principales razones de su promulgación, fomentar la inclusión financiera de los estratos más vulnerables de la población.

Esos efectos dañinos incluso tienen un corolario perverso. En caso de seguir el camino regulatorio de la adecuación, las IFDs, además de tener que sostener los proporcionalmente elevados costos de regulación, se encontrarán con un entorno hostil casi insuperable para su sobrevivencia y, para peor, se les hará prácticamente imposible la otra vía de salida: buscar convertirse en bancos PyME. Como una muestra de que tampoco esta conversión es la más adecuada, se tiene el caso de un banco PyME que ha liquidado toda su cartera microfinanciera, prefiriendo atender a segmentos de demanda más altos.

Como puede apreciarse en los cuadros presentados a continuación, en el último año las IFDs han perdido terreno en colocaciones y en participación de mercado, mientras que la expansión de los bancos PyME ha sido casi nula:

Evolución_de_colocaciones_en_instituciones_financieras_de_desarrollo

 

Ranking_de_cartera_a_31_de_junio_de_2015

Otro dato preocupante respecto a la salud del sistema microfinanciero es el de la mora. A junio de este año, las IFDs han visto prácticamente duplicarse este indicador de riesgo respecto a su pico más bajo: 1 por ciento, en diciembre de 2012. También se observa por primera vez desde el surgimiento de esta industria la caída del número de prestatarios. Este indeseado crecimiento es una peligrosa señal de que las microfinanzas están entrando en un nuevo ciclo de riesgo de repago, el que hasta ahora ha sido bajo. Si se confirman las ominosas predicciones sobre el futuro de nuestra economía, el entorno macro se convertirá en nuevo factor de riesgo para el futuro de las IFDs, que las encontrará sin capacidad de utilizar las herramientas que les permitieron sobrevivir a la crisis de principios de este siglo, pues las nuevas normas se las han quitado.

Recomendaciones

Si no es intención gubernamental impulsar la desaparición de las IFDs, las únicas capaces de llegar a los demandantes más pobres y a los centros poblados más pequeños y alejados —aún en condiciones macroeconómicas desfavorables—, estas entidades deberían gozar de incentivos para invertir en agencias alejadas y en productos financieros y auxiliares a los financieros que satisfagan la cambiante demanda de los microempresarios y productores urbanos y rurales; así como gozar de liberalización de tasas, de tal manera que éstas se ajusten a los costos derivados de atender a esa población meta y a los márgenes de rentabilidad que garanticen sus sostenimiento y expansión.

Además, a fin de aliviar la carga regulatoria, la ASFI debería diseñar un modelo de exigencias de regulación que se adecúe al tamaño y tipo de servicios que brindan las IFDs —tomando como útil modelo el sistema de autorregulación de FINRURAL—, de tal manera que los costos derivados de la regulación puedan ser soportados sin incidir demasiado en la de por sí pesada carga administrativa de entidades que operan en mercados deprimidos y alejados.

Como sucedió hasta antes de la aplicación de la nueva Ley, debería ser la libre oferta y demanda la que fije las tasas activas y los más adecuados mercados donde ofertar servicios microfinancieros, para así recuperar la senda exitosa de la industria, aquella que por más de dos décadas fue modelo a ser copiado en varios países en vías de desarrollo.

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