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Coy 292 – Avasallamientos mineros y nacionalizaciones

Contexto

Los avasallamientos, toma generalmente violenta e ilegal de minas, ingenios, campamentos y derechos colaterales por personas o agrupaciones que pretenden obtener derechos con sus acciones, son una expresión de conflictividad a diferencia de las nacionalizaciones que son procesos de reversión al Estado de derechos adjudicados previamente, cuando los intereses de los gobernantes así lo deciden. La conflictividad marcó la historia de estas tierras ubicadas en una de las provincias geológicas más promisorias de los Andes Centrales y aunque se ha escrito bastante sobre estadísticas y tendencias de este fenómeno, lo que pretende este escrito es evaluarlo en los años del gobierno actual proclive al crecimiento del subsector informal de la minería.

Los conflictos por acceder a áreas de trabajo y/o por provocar su nacionalización, aumentaron en los últimos años al ritmo del megaciclo de precios altos, tuvieron su cenit en 2011, disminuyeron hacia 2014 por efecto de la declinación sostenida de precios (ver cuadro 1).

Conflictividad_del_sector_por_acceso_a_nuevas_áreas_2010_-_2014

El cuadro refiere dos problemáticas cuya resolución tiende al cambio del titular de un derecho minero como fue la lucha entre asalariados y cooperativistas en Huanuni, que llevó a la nacionalización (Estatización) del distrito, o los pedidos expresos para que un derecho minero se revierta con la esperanza de que sea transferido a uno de los sectores en conflicto (v. g. La explotación compartida de la Veta Rosario en Colquiri). Hay una tercera problemática, el avasallamiento puro y duro (ilegal) por parte de comunidades, cooperativistas y agitadores, la cual tiene una arista jurídica: los afectados acuden a la autoridad que debiera solucionar los problemas con apego a la normativa vigente pero, en la mayoría de los casos entra a un círculo de presiones sociales y corporativas que deriva en idas y venidas jurídicas mientras el avasallamiento persiste y si involucra el Estado (Ej. Mallku Khota y Arcopongo), se afecta la continuidad de los emprendimientos. Esta categoría entra parcialmente en el recuento del cuadro 1, pues la variedad y cantidad de estos avasallamientos hace imposible su seguimiento. Según la Cámara Nacional de Minería hasta 2013 se habría contabilizado cerca de 400 minas avasalladas, de sus asociados en todo el país y pese a la promulgación de la Ley 367 de enero de 2014 contra este tipo de ilícitos, el panorama no parece haber cambiado substancialmente.

Casos paradigmáticos

La lucha entre mineros asalariados y cooperativistas en Huanuni y Colquiri, minas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), son casos notables. En ambos se llegó a la estatización de las operaciones mineras mediante D. S. 28901, de 31/10/2006 en el caso de Huanuni y D. S. 1264 de 20/06/2012 en el caso de Colquiri. Ambas minas y la fundición de estaño de Vinto, eran parte de un “combo” en la modalidad Joint Venture (JV) entre COMIBOL y la empresa india Allied Deals Inc. Huanuni por problemas administrativos y legales paso a ser intervenida (RBG Minera Huanuni S.A. Intervención) hasta su nacionalización. La fundidora se nacionalizó con D. S. 29026 el 7/02/2007 y Colquiri que había pasado vía JV con COMIBOL a E. M. Sinchy Huayra (subsidiaria de la suiza Glencore), operó hasta su reversión en 2012.

Las consecuencias de este trajinar político y de presiones sociales dio como consecuencia el aumento de asalariados en Huanuni a más de 5.000 trabajadores y a la pelea por la Veta Rosario en Colquiri que terminó con la promulgación del D. S. 1337 de 31/08/2012 que delimita áreas de trabajo de asalariados de COMIBOL y asociados a la Cooperativa 26 de Febrero, en un inédito “mix” de capacidades y tecnología cuyo resultado es, de diagnóstico reservado. Los problemas continúan hasta la fecha en los tres centros, de manera particular en Colquiri. Este caso ilustra un comportamiento reiterativo: anteponer la coyuntura a la planificación de mediano y largo plazo. El “combo” se planeó para armar una estructura corporativa de economía de escala con dos minas y una fundición, que funcionó aún con bajos precios del estaño (menos de US$ 4/libra). Al estatizar estas unidades y hacerlo en periodos y con fines diferentes, se destruyó la concepción de economía de escala y ahora cada unidad se enfrenta sola a los vaivenes del mercado. Los resultados a esta altura de los acontecimientos son claros: los problemas siguen y el panorama no es alentador.

Un segundo caso se refiere a minas y prospectos de oro aluvional en la cuenca alta de los ríos Beni y Madre de Dios, allí las áreas tradicionales: Tipuani, Mapiri, Guanay, Teoponte, Challana, etc., son escenario de lucha por áreas mineralizadas. Debido a la debilidad del Estado nunca se pudo sentar presencia en el sector y hoy de esos yacimientos proviene la producción mayor de oro en concentrados, metálico y manufactura y también el oscuro comercio del metal en las fronteras con Perú y Brasil. Los avasallamientos de minas son una constante y la lucha entre cooperativistas, mineros artesanales, pobladores y comercializadores, busca el acceso a una estructura que genera en ventas al exterior más de US$ 1.300 millones anuales (INE), que tributa muy poco y que no tiene control ambiental. Así, una de las mayores cuencas auríferas del continente está controlada por la minería informal sin control del Estado y la cuenca está cerrada a cualquier proyecto aurífero de gran escala, aún fuera de iniciativa estatal. Más del 10 por ciento del valor de las exportaciones del país proviene de estas tierras ¿Quién se está beneficiando?

Un tercer grupo refiere el avasallamiento de prospectos mineros que por definición no están en etapa de producción, lo que se avasalla en estos casos son los recursos y reservas de mineral que han sido encontrados como efecto de inversiones del titular del derecho minero, cuyo monto es cooptado por un tercero en disputa. Los casos más destacados: Mallku Khota, Himalaya, Amayapampa, Capacirca y Achachuncani. El más conocido Mallku Khota se empezó a explorar en 2003 hasta 2012, en agosto de ese año se revierten las concesiones y se estatiza el distrito después de una violenta arremetida social que avasalló todos los derechos y cuyo detalle es de conocimiento público. En ese tiempo el proyecto tenía, después de 42.700 metros de perforación en 121 taladros de diamantina y estudios metalúrgicos, un estudio económico preliminar (PEA, preliminary economic assessment) que mostraba un potencial para ser una de las minas más grandes a cielo abierto de plata, indio y galio (ver: www.soamsilver.com). A 12 años de su inicio y a 3 de su reversión, South American Silver Limited pide una compensación de US$ 385,7 millones en el tribunal de apelaciones PEA o la devolución del proyecto más US$ 176,4 millones por daños, el caso se dilata, la solución no llega, el proyecto está con muy poca actividad y la posibilidad de aumentar nuestro portafolio minero, casi perdida. Los otros proyectos mencionados tuvieron un desarrollo similar, Amayapampa y Capacirca tiene más de 20 años de conflictos con Ayllus de norte de Potosí, la mina Himalaya (COMIBOL y la Empresa Minera Barrosquira), cooptada por la Cooperativa Cerro Negro. Achachuncani (Castillian Resources) avasallada, la empresa dejó el país y una asociación de “regantes” impide cualquier intento de reanudar los trabajos. Se estima que solo en estos proyectos las inversiones han sido superiores a los US$ 1.000 millones.

Conclusiones y recomendaciones

– La minería no es un ejercicio de beneficencia sino un negocio y los avasallamientos y algunas nacionalizaciones llevan el negocio a la quiebra. Los avasallamientos cooptan derechos e inversiones, algunas nacionalizaciones si no se planifican (como las descritas) rompen esquemas técnicos y empresariales en pro de la coyuntura.

– La informalidad en minería es parte del problema y no de la solución, si no rescatamos la autoridad del Estado en la cuenca aurífera del norte del país, la informalidad terminará, con muy poco provecho, no solo con los yacimientos sino con el imperio de la ley.

– El avasallar y/o nacionalizar prospectos mineros está fuera de toda racionalidad, el truncar un proyecto antes de saber si será factible, destruye una iniciativa, paraliza un accionar que tiene un costo y genera un problema para el Estado.

– Siempre es posible revertir derechos si es una opción real de mejorar las cosas, el hacerlo adecuadamente (P. ej. en 1952) hace la diferencia y preserva la soberanía del Estado.

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