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Coy 287 – Los trabajadores y sus pensiones

Un sistema de pensiones obliga a los trabajadores activos a sacrificar parte de su consumo presente con la promesa de que le será garantizado un consumo que satisfaga sus necesidades cuando llegue a la edad en que no pueda trabajar.

El sistema más difundido es el denominado sistema de reparto, mediante el cual se establece un vínculo intergeneracional: los trabajadores activos pagan para sostener a los pasivos, que a su vez pagaron cuando estaban activos, sosteniendo a los pasivos de aquella época. En este sistema lo importante es que la cantidad de trabajadores activos sea mucho mayor a la de pasivos, de manera que la carga sobre los activos sea baja y al mismo tiempo los jubilados logren una pensión digna. Así, si los aportes fueran equivalentes al 5 por ciento de los sueldos y la jubilación fuera equivalente al 80 por ciento del promedio salarial, se necesitaría que haya 16 activos por cada pasivo. Si se aportara el 10 por ciento, entonces serían necesarios ocho trabajadores aportando por cada jubilado.

El sistema parece sencillo pero puede desequilibrarse fácilmente si los activos no cumplen su compromiso de aportar, si no aumenta su cantidad o si la cantidad de jubilados se acumula por encima de la proporción acordada, ya sea por rebaja en la edad de retiro o por el aumento en la edad promedio al momento de morir. De hecho, ambas tendencias se dieron hasta hacer que el sistema fuera insostenible sin una cantidad creciente de subsidios. A mediados de los 1990, el sistema de pensiones en Bolivia tenía tres aportantes activos por cada pasivo, y la vida laboral se había reducido a unos 25 años, en tanto que la jubilación podía fácilmente alcanzar 30. Adicionalmente se presentaba el problema de que la jubilación se calculaba sobre los últimos niveles salariales y no sobre el promedio, que además resultaba imposible de calcular por los desórdenes inflacionarios. En esas circunstancias, los aportes que uno hacía en su vida laboral activa representaban menos de la cuarta parte de lo que recibía durante su jubilación. El resto lo pagaba el estado, como garante del sistema, sacrificando así otras necesidades apremiantes que podían incluso ser más necesarias para el bienestar social.

Se optó entonces por el otro sistema de pensiones, denominado de capitalización individual, por el cual cada persona es responsable de su propia jubilación. En este caso el sistema ofrece a los ciudadanos la posibilidad de ahorrar durante su vida activa los recursos que le permitan cubrir sus necesidades durante su retiro. Es, por lo tanto, un mecanismo fundado en ahorros de largo plazo, que deben administrarse de una manera tal que disminuyan los riesgos y conserven el valor de los ahorros. La idea en este sistema es que la jubilación se fija al final del periodo laboral tomando en cuenta los aportes realizados más los rendimientos que dicho capital hubiera logrado a lo largo de los años. En este caso la clave del sistema no es la relación de activos y pasivos, sino la eficiencia de quien administre esos ahorros: los fondos de pensiones. Un rendimiento más alto proporciona una jubilación mayor, de manera que ésta depende del esfuerzo que cada persona realiza y del fondo donde deposita sus ahorros. Si la gestión del fondo es clave, entonces debe garantizarse la transparencia en su manejo y un mínimo de competencia, de manera que cada persona pueda decidir dónde ahorrar. La mejor empresa capta más aportantes y garantiza mejores pensiones. Este sistema tiene además una ventaja para el país en su conjunto: crea un sistema de ahorros de largo plazo que, a su vez, puede sustentar inversiones de largo plazo, contribuyendo a dinamizar el crecimiento.
Este sistema empezó en 1997 con 328,884 aportantes y en este momento cuenta con casi 2 millones (1,849,884 a junio de 2015), lo que implica un aumento de casi 6 veces (5.62 veces).

Y el patrimonio conjunto perteneciente a los trabajadores (aportantes) y a los jubilados (ya en proceso de beneficiarse de lo que ahorraron), alcanza a más de Bs. 78 mil millones (poco más de US$ 11 mil millones). Una parte importante de estos recursos, que pertenecen a los aportantes y servirán para pagar sus jubilaciones, no proviene de los aportes que ellos hicieron sino de los rendimientos que generaron en su favor las inversiones realizadas.

La rentabilidad acumulada ha disminuido en los últimos años pero todavía se encuentra por el 10 por ciento anual, una tasa que es muy superior a la que se puede lograr en otros sistemas de ahorro.

La actual Ley de Pensiones plantea un sistema combinado en el que una gestora pública única administra sin competencia los aportes de los trabajadores y genera pensiones basadas en un reparto solidario y en la capitalización individual. La transición a este nuevo sistema ha resultado ser extremadamente difícil y ello ha demorado de hecho la aplicación de la ley. Fusionar los dos fondos de pensiones existentes no es fácil, porque operan con métodos y modelos de gestión diferentes, y no está claro si la gestora pública las ha de comprar y cómo ha de valorar esa compra, tomando en cuenta que no solamente hay inversiones sino también deudas y cobros por realizar, en algunos casos a empresas que han desaparecido completamente y carecen incluso de activos con los cuales se podrían cubrir las deudas que dejaron.

Por ello, aunque la Ley de Pensiones 065 se promulgó en diciembre de 2010, hace casi cinco años, en este momento todavía operan los dos fondos de pensiones administrados por entidades privadas desde 1997.

De la gestora pública lo único que se sabe es que los sueldos asignados a sus ejecutivos resultaban muy elevados y ya se prometió rebajarlos, antes de que empezaran a funcionar.

La cuestión es, por lo tanto, extremadamente compleja y a muchos trabajadores les resulta difícil comprender las diferencias entre los dos modelos. Aún así, es importante preguntarse ¿qué es lo que quisiera la gente?

En una reciente encuesta del Foro Regional, que es una iniciativa que llevan a cabo de manera conjunta el periódico Los Tiempos de Cochabamba, y los centros de investigación social Ceres y Ciudadanía, se plantearon algunas preguntas que son pertinentes a este tema.

En primer lugar se encontró que la mayoría de la población metropolitana del país (que es el universo cubierto por la encuesta) prefiere la libertad a la justicia (57 por ciento frente a 43 por ciento), y que tiene una concepción de la libertad que es proactiva, pues se define como “el derecho a escoger”. El 66 por ciento de los encuestados dijo que se identificaba “mucho” con esa definición.
Sobre esas concepciones que tiene la gente, resulta coherente que, cuando se le consultara sobre cuál sistema de pensiones es el de su preferencia, se pronunció mayoritariamente por un sistema mixto en el que los aportantes puedan escoger libremente (53 por ciento) si quieren un sistema de reparto administrado por el gobierno, o mantenerse aportando a su propio fondo de pensiones. Como se ve en el gráfico, el proyecto de
un sistema manejado únicamente por una entidad estatal tiene menos del 22 por ciento del apoyo de la gente, y el manejo exclusivo por fondos privados el 25 por ciento.

Si tomamos en cuenta que un sistema mixto o uno con solamente fondos privados implica que hay más de una opción, quiere decir también que en ellos hay competencia, de manera que puede afirmarse que la competencia es favorecida por el 78 por ciento de los ciudadanos.

Puesto que la Ley 065 aún no ha podido aplicarse plenamente, existe la oportunidad de corregirla a fin de dar lugar a un sistema que contemple tanto las prioridades políticas del gobierno como las preferencias y necesidades de los aportantes, que al fin de cuentas son los propietarios de los recursos que se depositan en las entidades de seguro previsional.

Propuestas

– Establecer una gestora pública de pensiones que proponga a los trabajadores un sistema combinado de reparto y solidario, así como de capitalización individual en concordancia con las prioridades y los valores que promueve el gobierno. – Motivar la competencia entre los fondos privados de pensiones y la gestora pública para colocar sus recursos en los proyectos de inversión que consideren adecuados a sus prioridades, sean de carácter estatal o privado, pero dejándolos tomar sus propias decisiones. De ese modo, la gestora pública podría captar recursos para inversiones de las empresas públicas si tal fuera su prioridad. – Permitir que los trabajadores aportantes puedan elegir entre las opciones que se les ofrecen aquella que les resulte más atractiva, tomando el camino del sistema de reparto administrado por la gestora pública, si acaso ésta así lo quisiera plantear, o el del sistema de capitalización individual administrado por los fondos privados.

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