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Fernando Molina

La constitución de 2009 es una radicalización de la visión fragmentaria de la realidad (pluralismo social), el cual va a ser motivo de tensión frente al rol primordial del Estado y su naturaleza propietaria sobre los recursos naturales. Regiones tensionadas con "el centralismo".

Esta constitución no considera la propiedad como un derecho fundamental, sino como algo secundario, luego del medio ambiente, la salud, seguridad, trabajo y empleo. Y mas bien la limita a la función social y no perjudicial del interés colectivo. Al asignar al estado la misión de industrializar al país para asegurar la producción, alimentación, etc. cambia el balance del poder a favor del Estado y en contra de la actividad privada productiva.

El alejamiento del Estado del mercado, desincentiva la competencia, que asegura la libre iniciativa productiva y el incentivo de innovación. En otras palabras, desaparece el incentivo de producir, ya que es una actividad que se supone el Estado debe cumplir, o por lo menos fiscalizar, en áreas donde el Estado debe asegurar que se cumplan los "derechos fundamentales" de la sociedad. Esto es coherente con otra parte que asigna demasiado rentismo a la economía del Estado boliviano.

Riesgo de corrupción Estatal, desincentivo de competencia económica, politización de las actividades, presiones de incremento de déficit fiscal, pérdida de competitividad de las empresas cercanas al estado. En fin los fenómenos que pueden derivarse de la visión económica de la presente constitución, dan pie al Estado paternalista, prebendal, ineficiente, corrupto, y un mercado deficiente, una actividad privada mediocre y tendiente e politizarse o corromperse.

La ideología de la Constitución 2009 (774.23 kB)