El sistema de pensiones argentino se reformó en 1994 saliendo de un sistema de reparto simple, para crear un sistema combinado, donde convivían un sistema de reparto más reducido y un sistema de capitalización con gran potencial de expansión. El esquema de capitalización era operado por gestores privados debidamente fiscalizados. En el portafolio de inversión de los fondos existía una alta concentración de papeles emitidos por el Estado; la mitad de los activos eran papeles estatales y estaban denominados en moneda extranjera, mientras que el tipo de cambio se mantenía rezagado por efecto de la paridad cambiaria con el dólar estadounidense.

Hasta antes de la contrarreforma, el portafolio había llegado a US$ 30 mil millones correspondientes a 9.5 millones de afiliados a las llamadas AFJP´s. Con la ruptura de la paridad y la crisis cambiaria, en 2001 el gobierno argentino dejó de pagar a sus acreedores, entre ellos los fondos de pensiones y luego de 4 años de moratoria emitió nuevos bonos de deuda en reemplazo de los impagos; esta vez en moneda local y al tipo de cambio vigente después de rota la paridad. Lo señalado implicó para los fondos de pensiones un recorte de 40 por ciento en el valor de los portafolios, pero al mismo tiempo el gobierno introdujo mecanismos contables de valoración que permitieron ocultar esta pérdida.

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