3 de diciembre de 2011 - 
Fuente: Los Tiempos -

Descalificar a los autores de análisis críticos es un recurso desacreditado que sólo sirve para poner en evidencia la debilidad de los argumentos propios

Durante los últimos días, desde que la Fundación Milenio publicara en uno de sus habituales informes sobre el estado de la economía nacional un estudio titulado “El estado de las empresas del Estado”, se ha abierto en nuestro país una intensa polémica sobre el tema.

Quien más esmero le ha puesto al intento de rebatir los datos expuestos en el estudio ha sido el Vicepresidente del Estado quien, haciendo un paréntesis en las muy recargadas labores que son inherentes a su alto cargo, se ha dado el tiempo necesario para ensayar una defensa de las empresas estatales.

La polémica, como no podía ser de otro modo, ha ido acompañada de un abundante despliegue de datos contables, a pesar de que una de las características más cuestionables de las empresas estatales es, precisamente, la escasez de información fidedigna sobre el real estado de sus cuentas. Aún así, si algo ha quedado claro es que no es recurriendo a los balances económicos como mejor se puede justificar el derroche de dinero que implica la existencia de esas empresas, sino a rebuscadas elucubraciones teóricas que sólo pueden sostenerse si se las pone fuera del alcance de los datos de la realidad.

Lo notable, sin embargo, no es que pese a lo contundentes que son los datos objetivos los principales esfuerzos de los conductores gubernamentales se destinen a negarlos y no a enmendar los errores expuestos, ni que todavía haya quien se fíe de palabras tan alejadas de la realidad, sino que seis años después de gestión gubernamental no se encuentren aún mejores explicaciones o pretextos para tantos fracasos que los vicios que se atribuyen a gobiernos del pasado.

Es también sorprendente que personajes, cuya autoridad intelectual es tenida en alta estima por sus seguidores, caigan tan fácilmente en la tentación de deslegitimar a los autores de los análisis críticos en vez de concentrar sus esfuerzos en refutarlos con argumentos objetivos y verificables. Tan cómodo recurso, muy deslegitimado en círculos académicos, además de poner en evidencia la carencia de argumentos propios es una clara muestra de deshonestidad intelectual.

Pero si las críticas provenientes de personas o instituciones a las que con o sin razón se atribuyen nexos con regímenes del pasado son tan fácilmente menoscabadas, no puede pasar lo mismo con las provenientes de intelectuales que hasta hace no mucho tiempo ocupaban un lugar privilegiado en el altar de los inspiradores teóricos del “proceso de cambio”. Y esa es, desde hace algún tiempo, la principal fuente de críticas y cuestionamientos a la actual gestión gubernamental.

Así, además de las ya patentes dificultades que a diario deben afrontar en el terreno práctico, los autores intelectuales del proyecto político en proceso de ejecución tendrán que redoblar esfuerzos para lidiar con alguna posibilidad de éxito en el terreno de las ideas. Y para hacerlo, tendrán que recurrir a algo más que los adjetivos descalificadores.

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