5 de diciembre de 2011 - 
Fuente: ENERGYPRESS -

EP.- ¿Cómo se puede manejar el tema de las regalías por concepto de hidrocarburos sin generar conflicto entre los departamentos, como Tarija y Chuquisaca?

RL.- Las regalías son un medio para asegurar que una parte de las riquezas naturales llegue a la gente. Ellas evitan que el Estado central controle toda la renta, es decir, el valor que proviene del aprovechamiento de una riqueza existente. Por el caso de los conflictos actuales se ve que el medio resulta más un problema que una solución. Lo que la gente quiere y a lo que tiene derecho es a disfrutar una riqueza que, en rigor, es de todos los bolivianos. Las regalías ya no son un buen medio para hacer que la riqueza natural sirva a la gente, consideremos otros medios para lograrlo.

EP.- ¿Cuál sería un buen medio para hacer que la riqueza natural sirva a la gente?

RL.- Desde hace tiempo venimos sosteniendo que la distribución directa de las rentas a las personas es un camino de aprovechamiento más apropiado para el país. Hay que liberar al Estado de las presiones sociales y a la gente de la ansiedad por capturar unas rentas que también son suyas, pero sobre las cuales no tienen ninguna certeza de acceso o beneficio.

EP.- ¿Está planteando una renta personal en lugar de regalías?

RL.- Los recursos naturales son de todos, por lo que es lógico y justo que todos se beneficien por igual con su explotación. Me refiero al gas, y también a los minerales, al litio, al agua, a las tierras y a los bosques. En segundo lugar, hay que reconocer que la ansiedad (y los conflictos) provienen del hecho de que no hay ninguna seguridad de que nos llegarán los beneficios de esa riqueza cuando los gasta el Estado. Un satélite no le sirve de mucho al vendedor de jugo de naranja, el aeropuertode Huanuni no le sirve al recolector de almendras, y así. Peor aún si las inversiones se asignan de acuerdo a presiones sociales. Eso ya no le llega al que no tiene poder de presionar. Es mejor que las rentas se distribuyan por igual entre todos sus dueños.

EP.- ¿Podría aclarar el concepto de renta que está utilizando?

RL.- La renta es la remuneración que corresponde al uso económico de una riqueza ya existente. Puede tener la forma de un alquiler (de tierras, edificios, maquinarias) o de una carga de participación (un porcentaje sobre los ingresos, las ventas, etc.). Puede ser acordada entre los agentes económicos, o puede ser establecida por ley, en cuyo caso tiene varias denominaciones: regalía, impuesto a la producción, tasas, etc. Es pues un concepto que puede tener varios nombres y usos. En Bolivia se usa mucho la palabra renta y rentista para referirse a las jubilaciones, y no es equivocado, ya que se supone que esos pagos provienen de una riqueza que el trabajador ha ido acumulando antes de empezar a recibirla. Por otro lado, por muy claro que sea el concepto, suele ser muy difícil determinarlo, aislarlo y medirlo.

EP.- ¿No es una contradicción combatir el Rentismo con Rentismo?

RL.- Como en medicina, la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. Además, hay un rentismo positivo, que es el que se basa en la seguridad de que uno puede disfrutar de su propiedad y que es lo que permite que el propietario incorpore sus recursos al proceso productivo, y un rentismo negativo, que es el que depende de la capacidad de presión o influencia política que uno tenga para disfrutarla, y que mueve a la gente a concentrar sus esfuerzos en acceder o controlar los recursos que considera suyos. Concentrar las rentas en un Estado institucionalmente débil es condenarlo a esa debilidad, pero además es condenarlo a contagiar el rentismo negativo al resto de la sociedad. Eso lo podemos evitar distribuyendo las rentas entre sus dueños, los ciudadanos bolivianos.

EP.- ¿Cómo se lograría que estos beneficien a todos por igual a partir de su explotación? ¿Ha pensado en algún mecanismo?

RL.- La distribución puede ser tan sencilla como lo fue el Bonosol. El día de su cumpleaños el ciudadano va a un banco y cobra su renta anual. El banco hace un registro biométrico y pasa la cuenta al fondo creado con los pagos que hagan las empresas. No importa, en ese modelo, si las empresas son públicas o privadas, el ciudadano igual se beneficia. El Estado en ese caso vigila que las cosas se hagan bien, supervisa, hace auditorías, etc. y cada año define la suma que le toca a cada uno en función de precios, rendimientos, productividad, etc. No se necesita más. Podría incluso cobrar un impuesto sobre esa renta, de manera que todos tendríamos conciencia de que contribuimos a la producción de servicios públicos. La gente, por tanto, no sólo ganaría un ingreso, sino también mayor conciencia cívica.

EP.- En un sistema autonómico, ¿desaparecerían las regalías?

RL.- No necesariamente, aunque a mi juicio sería mejor que así sea, pues de otro modo se reproducirían continuamente los conflictos de límites. Además, si queremos instituciones políticas fuertes tienen que ser capaces de vivir de las contribuciones de sus ciudadanos/mandantes, sólo así serán eficientes.

EP.- Las regalías son un impuesto directo a los hidrocarburos, en este marco, ¿no plantean un control directo sobre los mismos?

RL.- Las regalías se originaron como un pago al rey por el uso que se hacía de sus recursos, de ahí viene a nombre. En nuestro país el soberano no es el rey, es el pueblo, el conjunto de los ciudadanos. Cuando se recuperó este mecanismo en Bolivia, a partir de la lucha cívica cruceña, se argumentó justamente el derecho del pueblo soberano a disponer de “su” parte: el 11% viene de 1/9, es la parte “del departamento”, y se la entregó directamente a su “gobierno local” para que beneficie a ese pueblo soberano. De ahí se difundió como una norma general. Pero los departamentos tienen poblaciones y superficies muy distintas, por lo que sería mas justo ahora darle a cada uno lo que le toque, ya no tomando como unidad de distribución al departamento sino al ciudadano. Los cruceños ya no recibirían el 11% a través de un comité, una corporación o una gobernación, sino por lo menos el 27% y directamente.

EP.- ¿Cuál la diferencia de percibir una regalía frente a la posibilidad de recibir una renta proveniente de los hidrocarburos?

RL.- La diferencia está en que mi propuesta tiene al ciudadano como destinatario de la renta y, por tanto, como el dueño pleno de los recursos. En ese caso, sería la persona la que tomaría la decisión de invertirla y usarla para lograr su máximo provecho. En el modelo actualmente vigente los ciudadanos somos supuestos beneficiarios pero quien decide es una burocracia vulnerable a la presión social, al cabildeo político y a la corrupción.

EP.- ¿Cuál la virtud mayor de una distribución directa de la renta?

RL.- Que contribuiría más eficazmente a la reducción de la pobreza y de la inequidad social, como ya se ha comprobado en otros casos parecidos de transferencias directas de efectivo a la gente. Nuestros estudios de simulación usando modelos econométricos también indican que ese sería uno de sus efectos más importantes. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que la distribución directa ampliaría el mercado interno de todo tipo de bienes y para todo tipo de productores, lo que implicaría generar más oportunidades de inversión y empleo, y por tanto un crecimiento económico más dinámico. Si además disminuyeran los conflictos y se fortalecieran las instituciones, como es posible que ocurra, tendríamos un escenario mucho más adecuado para el desarrollo y la democracia.

EP.- ¿La renta es sustentable o dependiente de nuestras reservas y/o excedentes hidrocarburíferos?

RL.- Si la renta es una remuneración por el uso de recursos que son nuestros pero que no los hemos producido nosotros, pues serán tan sostenibles como esos mismos recursos. En eso no hay cambio alguno respecto del modelo actual, aunque sí podemos anticipar que siendo conscientes de que son nuestros y teniendo la seguridad de que su explotación nos beneficia, los ciudadanos ejerceríamos menos presión depredadora. Hoy, como no hay seguridad de que nos beneficia, todos nos embarcamos en una competencia de presiones para aprovechar los recursos cuanto antes, porque luego no sabemos qué puede suceder.

EP.- Si el Estado es un mal administrador, ¿qué posibilidades existen de que se administren bien los impuestos?

RL.- En el sistema actual la burocracia política gana cuando recauda y gana cuando “ejecuta” presupuestos. Los ciudadanos recibimos sus gastos, aunque sean malos, como si fueran favores que hay que retribuir con apoyo político. Es un sistema que no puede funcionar bien, nunca lo ha hecho. El Estado no es inevitablemente un mal administrador. Lo es de los recursos que no le cuesta obtener, como las rentas que cobra a nombre de los ciudadanos. Los estados que viven de impuestos son más cuidadosos, austeros y eficientes, justamente porque los ciudadanos los vigilan, ya que saben que lo que el Estado hace lo pagan ellos. Cuando todo se financia con impuestos el político no puede ofrecer cualquier cosa, porque el ciudadano sabe que toda promesa puede costarle a su bolsillo. Y por eso hay mayor rendición de cuentas. Eso no ocurre cuando la mayor parte del dinero es de rentas. En este sistema obtener dinero no es costo político para el Estado (como lo sería si cobrara impuestos), sino ganancia (luce fuerte golpeando a las transnacionales), y gastarlo es también ganancia política, aunque sea en satélites o aviones que no necesitamos.

EP.- Cuando la CPE dice que la propiedad de los recursos naturales es del pueblo y no del Estado, ¿le quita prerrogativas al propio Estado?

RL.- Así debería ser, pero esa primera afirmación de la CPE es desmentida de inmediato al definir al Estado como el gestor y administrador de los recursos naturales. Es como si los dueños de departamentos de un edificio le dieran al portero no solamente la atribución de cuidar el edificio, sino también de cobrar y, mas aún, de gastar los alquileres “en nombre del interés colectivo de los dueños”. Eso no ocurriría nunca en un edificio, ¿por qué dejamos que ocurra en un país?.

Roberto Laserna estudió economía en San Simón y obtuvo el doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Es investigador social, y ha sido profesor en varias universidades del país y del exterior. Está vinculado a CERES, un centro académico con sede en Cochabamba, y es presidente de Fundación Milenio. Entre sus libros más recientes se encuentran La Democracia en el Ch´enko y La Trampa del Rentismo.

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Entrevista: Eliminar las regalías hidrocarburíferas evitaría conflictos de límites (111 kB)