19 de febrero de 2012 - 
Fuente: La Razón -

Esta improvisación subordinó cuestiones técnicas a visiones político-partidarias de corto plazo.

El tono acusatorio y amenazador de la respuesta del Gobierno al estudio sobre las nuevas empresas públicas realizado por la Fundación Milenio no ayuda a generar un debate público serio, responsable y constructivo sobre el rol del Estado en la economía y la idoneidad de los instrumentos de política pública para la promoción productiva. Con el ánimo propositivo, quisiera reflexionar sobre la experiencia de las empresas públicas creadas en los últimos seis años.

Creo que la cuestión no es si éstas son a priori buenas o malas, toda vez que su evaluación depende de los objetivos a los que responden y cómo son gestionadas. Tampoco se trata únicamente de identificar si hubo o no errores en el proceso; más bien lo que importa es indagar si la gestión cuenta con instrumentos para minimizar los posibles errores, identificarlos a tiempo, corregirlos y transformarlos en aprendizajes para la toma de decisión.

La decisión de crear una empresa pública en los sectores “no estratégicos” debería responder a criterios específicos, como por ejemplo la inexistencia de interés privado en la provisión de un bien o servicio que es clave para el mejor desempeño de un determinado sector; el control abusivo de una empresa en el mercado o la identificación de una oportunidad de mercado que todavía no está desarrollado en el país. Si estas condiciones no están presentes, los instrumentos de intervención indirecta del Estado como las agencias y servicios de desarrollo productivo, el sistema boliviano de ciencia y tecnología, la coordinación entre políticas micro y macroeconómicas, entre otros, pueden ser más efectivos para lograr el objetivo de promoción de la producción nacional.

Las evidencias indican que la   creación de nuevas empresas públicas no fue resultado de estas consideraciones. Un ejemplo de esto es la identificación por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de que una de las amenazas a las nuevas empresas públicas es la competencia con empresas privadas nacionales con acceso a tecnología, conocimiento y más experiencia en el mercado. Lo que es en sí mismo un contrasentido, si el objetivo de las empresas públicas es complementar el sector privado. El mismo Ministerio también puntualiza en uno de sus documentos de evaluación que las primeras empresas públicas no contaron con planes de negocio; diseños de procesos industriales, administrativos y comerciales; estudios actualizados de mercado y otros recursos e informaciones claves para su puesta en marcha.

Después de un análisis detallado de la gestión 2006-2010, considero que uno de los problemas principales de la experiencia reciente es la forma improvisada con que se decidió crear las nuevas empresas públicas. Esta improvisación subordinó cuestiones técnicas a visiones político-partidarias de corto plazo, relegando el análisis más cuidadoso sobre las necesidades de los sectores económicos a ser intervenidos y las ventajas o desventajas de las alternativas de instrumentos de política pública, más allá de las empresas estatales, para responder a estas necesidades.

La creación de un nuevo fondo con las reservas internacionales   reanuda la necesidad de un debate responsable y participativo sobre los instrumentos idóneos para la promoción productiva con generación de empleo digno. No están claros los criterios que guiarán las decisiones sobre la canalización de estos fondos. Queda la pregunta si la evaluación transparente y participativa de la gestión está en la agenda gubernamental. Solo con un debate público sabremos si los errores se convertirán en aprendizajes para la toma de decisión.

Fernanda Wanderley