11 de noviembre de 2011 -  
Fuente: Los Tiempos -

Los resultados de las empresas estatales indican que es urgente que atendiendo el reclamo presidencial se haga lo necesario para enmendar la situación

Una minuciosa investigación, cuyos resultados fueron recientemente presentados al público bajo el título "El estado de las empresas del Estado", se ha constituido en un motivo más de preocupación para quienes consideran que hay algunas áreas de la actividad económica nacional en las que los resultados obtenidos distan mucho de lo que sería de desear.

En efecto, según el estudio que comentamos, 13 de las 14 empresas estatales creadas durante los últimos seis años no sólo que están muy lejos de alcanzar la dimensión y consistencia que se esperaba, sino —lo que es aún peor— se han convertido en una pesada carga para las arcas fiscales.

A esa conclusión se llega a partir de una evaluación de los resultados que dejaron los 287 millones de dólares que fueron invertidos en las 14 empresas estatales creadas durante los últimos seis años. Según el estudio, sólo una de ellas, la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) es rentable, mientras que dos de ellas (Lacteosbol y Cartonbol) equilibran sus cifras porque funcionan con subvenciones. De las otras 11 no se conocen datos oficiales, pues éstos son mantenidos bajo estricto secreto, pero se tienen abundantes indicios que permiten afirmar que están muy lejos de generar más recursos que los que absorben.

Poco antes de la publicación de este informe, a tiempo de presentar el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2012, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas proporcionó datos que confirman los temores expuestos por "El estado de las empresas del Estado”.

Según ellos, el gasto corriente de las empresas públicas pasó de 979,4 millones de bolivianos a un estimado de 19.749 millones de bolivianos entre el 2005 y este año, lo que representa una variación porcentual de 1.916 por ciento. Y si bien ese dato corresponde a las 39 empresas estatales, y no sólo a las 14 de reciente creación, contribuye a alentar dudas sobre la eficiencia con que están siendo administradas.

Ese complejo panorama que ofrecen las cifras gruesas puede aún empeorar si se presta alguna atención a los detalles, como el que muestra la gran desproporción que hay entre los pocos datos oficiales disponibles y la realidad. Es el caso, por ejemplo, del número de empleados que figuran en las planillas de las 14 empresas analizadas (1.069)  y el de quienes trabajan efectivamente en ellas que serían sólo 250, o sea menos de una cuarta parte.

Son tan elocuentes esos datos, y tan evidentes las conclusiones a las que llevan, que en las altas esferas gubernamentales han comenzado a oírse las primeras expresiones de preocupación. Ha sido nada menos que el Presidente del Estado quien abrió hace pocos días la posibilidad de iniciar un proceso de privatización de las empresas estatales, lo que da cabal cuenta de la magnitud del problema y de lo urgente que resulta darle solución.

Eso no será posible, por supuesto, si no se cumplen algunas condiciones imprescindibles para la buena marcha de cualquier empresa, sea pública o privada, como es la transparencia en el manejo de la información y la eficiencia de su administración. Mientras ninguna de esas condiciones se cumpla sólo malas noticias se podrá esperar de empresas administradas como una repartición gubernamental.

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