19 de febrero de 2012 - 
Fuente: La Razón -

Esta improvisación subordinó cuestiones técnicas a visiones político-partidarias de corto plazo.

El tono acusatorio y amenazador de la respuesta del Gobierno al estudio sobre las nuevas empresas públicas realizado por la Fundación Milenio no ayuda a generar un debate público serio, responsable y constructivo sobre el rol del Estado en la economía y la idoneidad de los instrumentos de política pública para la promoción productiva. Con el ánimo propositivo, quisiera reflexionar sobre la experiencia de las empresas públicas creadas en los últimos seis años.

15 de febrero de 2012 - 
Fuente: El Diario -

El año pasado Bolivia registró el más alto índice de conflictos sociales de los últimos años, fenómeno que los analistas económicos y políticos del país consideran de gravedad. Además en el año que transcurre se agravarán problemas estructurales que padece nuestra sociedad y que, por otro lado, son objeto de poca atención de organismos oficiales encargados de resolverlos y que no prevén hasta qué extremo llegarán.

Los datos recogidos por importantes centros de investigación revelaron que a lo largo del año pasado se registraron unos 900 conflictos sociales, lo que significa un promedio de tres casos por día y que, en forma, general, tienen bloqueado al país, ya que se producen a lo largo y ancho del territorio.

Esos conflictos son de la más variada naturaleza y sus protagonistas pertenecen a todos los sectores sociales, desde las regiones más alejadas hasta los centros urbanos más importantes. Así mismo, esos actos de protesta comprenden a campesinos, trabajadores de clase media, obreros e inclusive sectores empresariales que se ven obligados a salir a las calles a reclamar soluciones, ya que, en otra forma, las autoridades brillan por su ausencia o, en cambio, en vez de apagar los “incendios” echan más leña al fuego, o bien se dedican a hacer escándalo por asuntos secundarios.

La Fundación Milenio, caracterizada por su seriedad, afirmó que los conflictos registrados el año pasado constituyeron un “récord” en la segunda gestión presidencial del gobierno de Evo Morales y remarcó que “es, por mucho, la más conflictiva de la historia contemporánea de Bolivia”. Tal afirmación confirma las apreciaciones de las poblaciones urbanas que sufren las consecuencias de los bloqueos de caminos y calles, marchas, manifestaciones, crucifixiones, parálisis del tránsito y toda clase de molestias que interrumpen sus normales actividades.

15 de febrero de 2012 - 
Fuente: El Diario -

El presidente de la Fundación Milenio, Roberto Laserna, indicó que mediante la modificación de la Ley Tributaria 8843, la empresa privada destinará un 10% de sus utilidades para apoyar las acciones sociales de las ONGs, que operan en Bolivia, con lo que se pondrá fin a la dependencia de la ayuda extranjera.

En Bolivia, dijo, el problema que tienen ONGs, es que la mayor parte de éstas dependen del financiamiento externo para funcionar, razón por la que no pueden desenvolverse con total autonomía.

En pasados meses el canciller David Choquehuanca expresó que la sociedad debe tener una mayor capacidad para autogobernarse y responder a las demandas del servicio.

Laserna indicó que debido a estas declaraciones y a las críticas constantes por parte del Gobierno a las Ongs, la fundación Milenio ha elaborado el estudio “Filantropía y Desarrollo”, para establecer en qué medida Bolivia tiene la capacidad de financiar a las ONGS.

14 de febrero de 2012 - 
Fuente: El Oxígeno -

La Fundación Milenio propuso este martes una “pequeña” reforma a la Ley de Impuestos 843 para permitir que las empresas que pagan impuestos sobre utilidades destinen una parte de ese tributo para las actividades sin fines de lucro y en beneficio de la sociedad, informó hoy su presidente, Roberto Laserna.

Laserna indica que en Bolivia existen más de mil organizaciones no gubernamentales, las que tienen una dependencia “muy grande” de la cooperación y fondos internacionales.

“La Ley  843 permite que los contribuyentes que pagan utilidades a las empresas carguen como si fuera gasto las donaciones que hacen, siempre que no superen el 10% de sus utilidades”, lo que para el empresario implica que el Estado está dispuesto a “sacrificar” hasta el 10% de estas utilidades, que llegaría a representar una “inyección de 60 millones de dólares al año”.